La LOMCE y la posdemocracia en educación (Consejo de Redacción)

Editorial

La LOMCE y la posdemocracia en educación  //  The Spanish Organic Law on the Improvement of the Quality of Education (LOMCE) and Post-democracy in Education

La nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, en vigor desde el año 2014 en España, significa el colofón de políticas educativas neoliberales que la Unión Europea empieza a introducir a partir del año 2000 y para las cuales la crisis del 2008 sirve como justificación.

Una crisis causada por el capitalismo de casino es la que va a justificar recortes económicos en educación y nuevas políticas educativas que solo sirven para el beneficio de las élites políticas financieras y empresariales. El austericidio dictado por la Europa del Norte desde el Consejo, la Comisión y el Banco Europeo, junto con el apoyo de las élites de los países del Sur, servirán para hundir a nuestro país en una crisis de desigualdad y “posdemocracia” que en educación supondrá un retraso de más de cuarenta años.

Hablamos de posdemocracia, como hace Colin Grouch, porque estas políticas suponen una ruptura del derecho universal a la educación cuyos beneficios deberían ser iguales para todos. La nueva concepción de la educación, inspirada en modelos de gestión de empresas, se basan en la satisfacción de las necesidades de los clientes, en la competitividad y en la medición de los resultados. Por ello responden a una concepción de coste-beneficio donde se reduce la inversión y estado provee según las demandas de las familias y no según derechos que hasta ahora habían estado ligados a la condición de ciudadanía.

Es una ruptura de la ciudadanía social, del “welfarismo” del siglo pasado. Ahora todos los derechos sociales básicos tendrán una contraprestación, un coste directo o un comportamiento esperado que implicarán diferentes beneficios según los resultados y expectativas familiares llegando a la exclusión de la población más vulnerable. Por ello se anticipan vías e itinerarios de diferente categoría en la misma educación obligatoria, se extiende una red de centros que fomenta la iniciativa privada, se establece un enfoque clientelar de acuerdo a las demandas de las familias y se pone a los centros a competir con una dirección gerencialista para conseguir los mejores alumnos, los mejores resultados y la mejor financiación.

Muere la igualdad de derechos en la educación, la participación democrática de los centros, se reconstituye el profesionalismo de los docentes, se plantean currículos con estándares de aprendizaje y evaluaciones externas que van a ser un elemento disciplinador sobre el contexto del trabajo del profesorado.

Y el alumnado se volverá un trabajador adaptable, quebrándole su capacidad de resistencia al cambio por medio de una privación cultural que tendrá como objetivo reforzar las leyes del mercado, debilitar la escuela pública e instalar un régimen posdemocrático en educación.