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Nuestras sociedades son definidas de diferente modo según se destaque uno u otro aspecto de las mismas, y según predominen diferentes cualidades con el transcurrir de los tiempos. Así, de «industriales» hemos pasado a llamar «posindustriales» a nuestras sociedades (Bell, 1973/2001), sociedades cuya evolución o devenir está marcado en buena medida por la acción de profesionales tecnológicamente cualificados. La noción de «sociedad posindustrial» nos invita de inmediato a otra adjetivación que ha cobrado fortuna y muy difundida en nuestro tiempo: así, se dice que estamos inmersos en sociedades del conocimiento (Mateo, 2006), de la comunicación y la información (Mattelart, 2002) o en sociedades-red (Castells, 2005).
En este nuevo contexto informacional, en el cual lo comunicativo irrumpe con fuerza en todos los ámbitos de la vida de las personas (en los ámbitos económico y laboral, social, político, en el entretenimiento y el ocio…), las instituciones educativas no pueden ni deben mantenerse al margen de los procesos de interacción comunicativa, sobre todo tras la revolución propiciada por las nuevas tecnologías.
Respiramos comunicación audiovisual en nuestro entorno profusamente mediático, y lo hacemos no solo desde la tradicional televisión, el cine, la radio o la prensa escrita, sino a través de, o gracias a los ordenadores y las redes sociales, las tablets, los teléfonos móviles de última generación o los videojuegos, en un mundo en donde la comunicación es cada vez más convergente y confluye en un mismo dispositivo tecnológico. Dispositivos que transforman a los usuarios no solo en receptores de mensajes, sino en productores de los mismos, convirtiéndolos en prosumidores (prosumers, acrónimo en inglés de producer y consumer), categoría acuñada por Alvin Toffler en los años ochenta y que hace referencia al papel activo de los usuarios de los medios en tanto que consumidores y productores al mismo tiempo de contenidos mediáticos.
Ante este nuevo contexto, algunos organismos internacionales hicieron hace años un llamamiento para que se incorporase lo tecno-comunicativo en la educación formal, desde Naciones Unidas a través de la UNESCO o su programa Alianza de Civilizaciones, cuya página web ha ido creciendo exponencialmente desde que se publicó (Aguaded, 2012), hasta el Parlamento Europeo, que en 2009 recomendó explícitamente a los Estados miembros la incorporación de la asignatura de Educación Mediática en el ámbito educativo (Aguaded, 2011). Si esto es aplicable a la educación primaria y secundaria, tanto más recomendable es para la educación superior, por el nivel de exigencia formativa esperable o deseable en estos niveles educativos y por la responsabilidad del profesorado universitario en la competencia mediática e informacional del estudiantado.
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Texto tomado de: Vicent Gozálvez Pérez, Rosa García-Ruiz y J. Ignacio Aguaded-Gómez (2014). La formación en competencias mediáticas: una cuestión de responsabilidad ética en educación superior. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado (RIFOP), 79 (28.1), 17-28.
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